Date:
2026-10-26
El Servicio Cántabro de Salud reconoce una grave negligencia médica tras la muerte de una joven de 24 años.
La joven falleció por una trombosis cerebral después de acudir reiteradamente a Urgencias. El hospital de Sierrallana (Torrelavega) llegó a solicitar un TAC craneal urgente que nunca se realizó, enviándola nuevamente a su domicilio.
l Servicio Cántabro de Salud ha reconocido la responsabilidad patrimonial de la Administración por la deficiente asistencia sanitaria prestada una joven, de 24 años, fallecida el 14 de agosto de 2025 como consecuencia de una trombosis venosa cerebral que no fue diagnosticada a tiempo. La resolución del Servicio Cántabro de Salud, de 14 de octubre de 2026, reconoce expresamente que la asistencia prestada «no se adecuó a la lex artis», estimando íntegramente la reclamación familiar y concediendo una indemnización de 219.723 €. La defensa del caso ha sido ejercida por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El DEFENSOR del PACIENTE`.
Durante diez días, la joven acudió repetidamente al Centro de Salud de Suances y al Hospital de Sierrallana, aquejada de intensos dolores de cabeza, vómitos persistentes y un progresivo empeoramiento de su estado. Pese a ello, recibió tratamientos sintomáticos y sucesivas altas médicas, llegando incluso a ser diagnosticada de gastroenteritis.
Lo más grave ocurrió la madrugada del 29 de julio, cuando el propio Servicio de Urgencias solicitó un TAC craneal urgente que nunca llegó a practicarse. Apenas hora y media después, la joven fue enviada nuevamente a su domicilio. Al día siguiente fue encontrada tirada en el suelo, desorientada y con una trombosis cerebral masiva. Tras permanecer ingresada en estado crítico en el Hospital Marqués de Valdecilla, falleció el 14 de agosto.
«Nuestra hija no murió porque no pidiera ayuda. Murió después de pasar diez días pidiéndola sin que nadie descubriera lo que tenía».
Montserrat y Jesús, padres de la joven, manifiestan su indignación:
«Durante diez días vimos cómo nuestra hija se iba apagando, cómo sufría unos dolores insoportables y cómo empeoraba cada día. La llevamos una y otra vez al médico porque sabíamos que algo grave estaba pasando. Y una y otra vez la mandaron a casa. Lo más indignante es que llegaron a pedirle un TAC urgente y ni siquiera se lo hicieron. ¿Qué más tenía que pasar? ¿Tenía que desplomarse en el suelo para que alguien se tomara en serio lo que le ocurría? Porque eso fue exactamente lo que pasó».
«Nuestra hija tenía 24 años, era una chica sana, trabajadora, con ilusiones y toda una vida por delante. Nos la han arrebatado y nadie nos la va a devolver. No hay dinero que pueda compensar semejante pérdida. Lo que queremos son explicaciones, que se asuman responsabilidades y que quienes permitieron que esto sucediera no puedan limitarse a pasar página como si nada hubiera ocurrido».
«A nuestra hija ya no nos la van a devolver. Pero su muerte no puede quedar reducida a un expediente y una indemnización», concluyen sus padres.
El abogado de la asociación ‘El DEFENSOR del PACIENTE’, en Cantabria, manifiesta al respecto:
«Hay un hecho especialmente escandaloso: un médico solicitó un TAC craneal urgente y, en lugar de realizarlo, se dio el alta a la paciente. Al día siguiente presentaba una trombosis cerebral masiva. ¿De qué sirve que un facultativo solicite una prueba urgente si el sistema sanitario permite que el paciente abandone el hospital sin que se practique?».
«No estamos hablando de exigir resultados imposibles ni de juzgar a los médicos con la ventaja de conocer lo sucedido después. Estamos hablando de actuaciones diagnósticas que debieron realizarse y no se realizaron».
CARMEN FLORES, presidenta de la asociación ‘El DEFENSOR del PACIENTE’ denuncia que:
«No basta con indemnizar. Hay que exigir responsabilidades. Es una vergüenza que una joven tenga que llegar a una situación irreversible para que se investigue una enfermedad que llevaba días dando señales de alarma».
«Este caso es estremecedor y absolutamente inadmisible. Y lo más indignante es que se solicitó un TAC urgente que nunca se realizó. ¿Quién decidió que podía marcharse a casa? ¿Quién debía garantizar que se hiciera esa prueba? ¿Quién va a responder por lo ocurrido? Estas son las preguntas que la Consejería de Salud tiene la obligación de contestar».
«Estamos hartos de que las negligencias médicas terminen resolviéndose con una indemnización mientras los fallos que las provocaron quedan sin una explicación suficiente. Exigimos una investigación rigurosa, y que se adopten medidas inmediatas para que algo semejante no vuelva a ocurrir. Porque si después de una tragedia de esta magnitud no cambia nada, el sistema estará fallando también a los próximos pacientes».
DEFENSOR del PACIENTE
