Date:
2026-10-20
Condena al SERMAS a devolver más de 55.000 € por un tratamiento con hormona de crecimiento a un menor de edad.
La Asociación ‘El DEFENSOR del PACIENTE’ denuncia que las Administraciones sanitarias siguen obligando a las familias a litigar pese a la existencia de numerosas sentencias favorables a pacientes a los que se les negó un tratamiento con hormona de crecimiento.
La Sentencia nº815/2026, de 25 de septiembre de 2026, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social), desestima íntegramente el recurso interpuesto por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) frente a la Sentencia nº13/2026, de 19 de enero, del Juzgado de lo Social nº1 de Madrid, y confirma su condena a reintegrar 55.184 € a los padres de un menor por los gastos del tratamiento con hormona del crecimiento que tuvieron que sufragar ante la negativa de la Administración a financiarlo y, además, se le impone a la Administración las costas del recurso. La defensa ha sido ejercida por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El DEFENSOR del PACIENTE’.
El menor S.M.Y. presentaba problemas de crecimiento desde su infancia y, en noviembre de 2017, un especialista del propio sistema público sanitario prescribió el tratamiento con hormona del crecimiento para evitar perjuicios permanentes en su desarrollo. Sin embargo, el Comité Asesor de la Comunidad de Madrid había informado desfavorablemente sobre su financiación, obligando a sus padres a adquirir el medicamento en centros privados y asumir íntegramente su coste.
El tratamiento demostró ser eficaz, consiguiendo una mejoría significativa del crecimiento del menor, que alcanzó una talla acorde con su potencial genético.
La Sentencia nº13/2026, de 19 de enero, del Juzgado de lo Social nº1 de Madrid, estimó la reclamación de la familia al considerar acreditadas la necesidad y eficacia del tratamiento y su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Pese a ello, el SERMAS recurrió la resolución, insistiendo en la falta de autorización del Comité Asesor e intentando reducir la cantidad reconocida. El Tribunal Superior de Justicia rechaza ambos argumentos y confirma íntegramente la condena, reiterando que las decisiones de los comités administrativos no pueden prevalecer de forma absoluta frente a una prescripción médica justificada.
La Asociación ‘El Defensor del Paciente’, a través de su presidenta, Doña Carmen Flores, denuncia que: “Resulta intolerable que las administraciones sanitarias continúen obligando a las familias a soportar largos y costosos procedimientos judiciales, pese a la existencia de numerosas sentencias que ya han resuelto supuestos similares, algunas de las cuales son expresamente citadas por el propio Tribunal”.
Especialmente significativa resulta la imposición de las costas del recurso al Servicio Madrileño de Salud, fijadas en 800 € más IVA, después de que la Administración, pese a haber sido condenada en primera instancia, decidiera prolongar el procedimiento judicial recurriendo una sentencia favorable a la familia, incrementando además el coste económico que debe soportar.
La Asociación subraya que lleva más de veinte años impulsando estas reclamaciones y obteniendo resoluciones favorables en distintas comunidades autónomas, contribuyendo a consolidar una doctrina judicial en defensa del derecho de los menores a recibir tratamientos médicamente necesarios.
La defensa jurídica ha sido llevada a cabo por los Servicios Jurídicos de la asociación ‘El Defensor del Paciente’.
DEFENSOR del PACIENTE
